A la hora de hablar de una empresa pública nos referimos a una organización de la que el Estado Español es propietario total o parcial y, por lo tanto, el gobierno puede determinar de forma directa o indirecta en la administración. Las empresas públicas tiene sus orígenes en el siglo XVIII y XIX, cuando los Estados luchaban entre ellos por la explotación económica de sus colonias y también por el almacenamiento de recursos que les llevaría hasta la industrialización total. No obstante, fue a mediados del siglo XX cuando tuvo su auge tras la Segunda Guerra Mundial. En esos momentos varios países del mundo decidieron estatizar las empresas privadas cuyas actividades eran consideradas decisivas para la estabilidad económica y política del país. En las décadas siguientes, todas las naciones disponían de empresas públicas, sobre todo las naciones socialistas de la agrupación política de la URSS. Fue en ese país donde se puso en marcha un proceso rápido de fuerte estatización de casi todas las empresas e industrias nacionales, ofreciéndole al Estado el control total de la economía. Si quieres conocer algunas de las empresas públicas Gobierno de Aragón, te invitamos a quedarte.
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Historia de las empresas públicas Gobierno de Aragón
El crecimiento de la empresa pública en Europa estuvo ligada al famoso Estado de Bienestar que intentó mejorar la calidad de vida de su población gracias a una presencia mayor del Gobierno en la economía, pero lejos del extremo comunista.
Fue en 1970 cuando dio un giro inesperado al desatarse la primera ola de privatizaciones en Europa y Estados Unidos, como consecuencia de las polémicas que trajo consigo el neoliberalismo.
En los años posteriores se profundizó la retraída de las empresa públicas, planteando la esperanza en las leyes del mercado y sus dinámicas de regulación como alternativa. Esto propició la segunda ola de privatizaciones, a principios de la década de 1990, teniendo a los países de América Latina como escenario y que acarreó consecuencias sociales y económicas muy fuertes.
Las empresas públicas suelen formar parte del patrimonio del Estado, es decir, de los bienes de una nación que el Gobierno se encarga de administrar en nombre de todos los ciudadanos y, además, difieren de las empresas privadas en su pertenencia al Estado.
Al mismo tiempo, esto hace que determinadas empresas públicas persigan metas distintas a las organizaciones privadas y que, normalmente, se encuentren menos orientadas en el rendimiento económico y lucro. Todo esto depende de las direcciones y tendencias de la política económica estatal.
Las empresas públicas Gobierno de Aragón pueden nacer de forma natural, y pueden ser creadas por el propio sector público o como resultado de una serie de procesos de expropiación o nacionalización de organizaciones privadas por parte del Estado. Por el contrario, al proceso de pasar una empresa pública a manos privadas, se le denomina privatización.
Características principales de las empresas públicas del Gobierno de Aragón
Las empresas públicas del Gobierno de Aragón se caracterizan por:
- El total o la mayoría (más del 50%) de las acciones pertenecen al Gobierno, en las empresas públicas.
- Son financiadas gracias a la unión de fondos propios y beneficios o ayudas gubernamentales concedidos por el Estado. En determinadas muchas situaciones, esto les consiente actuar sin preocuparse por reunir capitales.
- Normalmente las empresas publicas se dedican a desempeñar servicios básicos o a la explotación de recursos fundamentales en la economía del país como, por ejemplo, el petróleo. En ciertas circunstancias y gracias al amparo del estado, estas empresas pueden ayudarse del control del sector.
- Algunas de estas empresas publicas trabajan sin ánimos de lucro, brindando solidarias tarifas a los ciudadanos.
Objetivos de las empresas publicas del gobierno de Aragón
Las empresas públicas se pueden o no diferenciar de forma significativa de las entidades privadas en cuanto a metas se refiere. Normalmente persiguen los objetivos siguientes:
- Contribuir en la redistribución de la renta. Puesto que las empresas públicas no suelen perseguir el beneficio individual como objetivo primordial, como sucede en las empresas privadas, el dinero que producen sus actividades puede utilizarse para suavizar las desigualdades económicas y sociales de la ciudadanía, repartiendo la riqueza según las circunstancias. Esto, generalmente, supone una serie de conflictos con respecto a dónde separar la rentabilidad de la empresa de la satisfacción de sus obligaciones sociales.
- Fortalecer la autonomía económica del Estado. Las organizaciones públicas ofrecen al Gobierno una capacidad mayor para contribuir en la economía del país, pero también una fuente de reproducción de fortunas bajo su poder que le hace más fuerte ante las coacciones por parte de los sectores económicos más fuertes. Sin embargo, esto puede generar inconvenientes como puede ser la pérdida de la eficiencia y de la competitividad.
- Abarcar sectores fundamentales de la economía. En algunas circunstancias, las empresas públicas son generadas para dirigir el conjunto de un sector económico que el Gobierno considera imprescindibles para dejar en manos de empresas privadas, como suele suceder con los servicios básicos o con las industrias nacionales lucrativas.
Tipos de empresas públicas
Al igual que el sector privado, las organizaciones públicas pueden ser categorizadas en función del organismo estatal que se encargue de la gestión. Existen tres categorías principales: empresas estatales, empresas autonómicas y empresas locales.
Empresas públicas estatales
Dentro de las estas empresas estatales nos encontramos con dos tipos: las sociedades mercantiles de capital estatal y las entidades públicas empresariales.
Por un lado, las sociedades mercantiles de capital estatal son aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de la Administración del Estado, es decir, por sí misma o a través de algún ente u organismo dependiente, ostentando una participación superior al 50%.
Por el contrario, las entidades públicas empresariales son organismos públicos, adscritos a un Ministerio o a un organismo autónomo, que se encargan de la gestión de servicios públicos, de la ejecución de actividades prestacionales o de producción de bienes susceptibles de contraprestación económica.
Empresas públicas autonómicas
Este tipo de empresas corresponden a los gobiernos de cada comunidad autónoma y disponen de sus propias leyes para la gestión y creación de empresas públicas para la realización de actividades comerciales o de prestación de servicios en régimen de mercado, actuando bajo el régimen de libre competencia.
Empresas públicas locales
Las empresas públicas locales son creadas por los Ayuntamientos de cada municipio y por sus propios Estatutos. La adscripción de éstas se produce con respecto a un organismo autónomo local o una Concejalía.
La financiación de la empresa pública.
Las empresas públicas cuentan con tres principales fuentes de financiación:
- Las ganancias obtenidas gracias a la venta de su producto o la prestación de su servicio.
- El mercado financiero
- Los recursos de la hacienda pública
El hecho de que una empresa pública recurra a cada una de estos tres métodos de financiación dependerá de numerosos factores, tanto de naturaleza ‘permanente’ (sector de actividad, forma jurídica de la empresa…) como ‘transitoria’ (política económica coyuntural, situación de mercados financieros…).
Ganancias propias
Como normal general, las empresas públicas son consideras como organizaciones que tienen como obligación adquirir un resultado económico positivo y cubrir determinados costes. Por esa razón, el Estado no se compromete, en principio, a saldar el déficit ocasionado por una empresa, sino que este déficit será cubierto o se intentará evitar gracias a la concesión de diversas ventajas como, por ejemplo, las exenciones tributarias. En el caso de que este déficit sea crónico, será el Gobierno quien tenga que hacerle frente saneando las pérdidas en las que la empresa haya caído. En determinados países como Holanda o Dinamarca, es el Gobierno el encargado de cubrir únicamente los déficit de las empresas pertenecientes a las categorías jurídicas.
La probabilidad de autofinanciación dependerá del nivel de beneficios brutos alcanzado. Por norma general, las entidades públicas se sufragan en un nivel menor que las entidades privadas, a pesar de que existe una enorme diversidad de situaciones dentro de las empresas públicas.
Préstamos del Tesoro
Los préstamos del Tesoro a las empresas públicas tiene un uso más conforme que las asignaciones de capital, siendo una manera de financiación generalmente común a todos los países comunitarios. Desde 1956, para las organizaciones públicas británicas, este tipo de préstamos son el principal medio de financiación externa.
Los préstamos pueden ser concedidos de forma directa por el Tesoro o por medio de otros organismos públicos. Los intereses se modifican notoriamente en función de cada país y cada empresa.
Las subvenciones para eliminar los déficit constituyen una de las numerosas formas que los Estados pueden aceptar para las empresas públicas y que podemos clasificar en tres grupos:
- Subvenciones de equilibrio. Estas subvenciones tienen la finalidad que hemos mencionado anteriormente.
- Transferencias de capital. Transferencias destinadas a cubrir una gran parte de las inversiones de interés general realizadas por la empresa.
- Subvenciones de explotación. Estas subvenciones están destinadas para compensar a la empresa pública de determinadas cargas.
Mercado financiero
En este proceso debemos saber diferenciar entre los recursos adquiridos por la emisión de obligaciones, por la emisión de acciones y por créditos. La emisión de acciones efectuada por las diversas sociedades de la propiedad pública facilita numerosos fondos estatales a la empresa destinados a la suscripción de las mismas. En el caso de las sociedades mixtas, una cierta cantidad de los fondos logrados por la empresa por medio de la emisión de acciones nace del sector privado. El valor de estos recursos privados estará relacionado con el tamaño y número de las organizaciones mixtas de una nación. Italia es el país en el que las entidades mixtas juegan un papel más notorio. Para que las organizaciones privadas lleguen a suscribir parte del capital de una entidad pública, esta tendrá que remitirse a determinadas condiciones en su gestión, cosa que no sucede para empresas de total propiedad pública.
La posibilidad del sector público de llegar al mercado financiero para difundir obligaciones y lograr préstamos depende de las y los países. Para ello, se destacan las siguientes características:
- Que no haya disposición alguna más que el Tesoro Público que conceda el recurso a cualquier otro medio financiero externo.
- Que no haya limitaciones especiales para el recurso al mercado de capitales y monetario.
- Que únicamente se permita la entrada de créditos a corto plazo,
- Que se permitan solamente los préstamos a largo plazo provenientes de las instituciones públicas.
Las obligaciones son una vía de financiación de las instituciones públicas de especial importancia. En este caso, consiste en emisiones efectuadas por el Tesoro o por determinados organismos públicos, que más tarde financiarán a las entidades públicas gracias a sus fondos.
Empresas públicas del Gobierno de Aragón
- Radio Autonómica de Aragón, S.A
- Televisión Autonómica de Aragón. S.A
- Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U
- Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A
- Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U
- Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U
- Aragón Exterior, S.A
- Aragón Plataforma Logística, S.A.U
- Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A
- Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A
- Ciudad del Motor de Aragón, S.A
- Expo Zaragoza Empresarial, S.A
- Inmuebles GTF, S.L.U
- Parque Tecnológico del Motor, S.A